Amnistía Internacional pide no aprobar “reforma militarista” de AMLO

Dieron a conocer “la boleta civil” con la que llaman a legisladores a detener la militarización

• Redacción
• Junio 16, 2022 - 11:26 p.m.
• INTERNACIONAL

Las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Seguridad Sin Guerra pidieron a los legisladores mexicanos comprometerse “a no aprobar la reforma militarista” propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa del mandatario propone dejar a la Guardia Nacional bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ambas organizaciones civiles recordaron que la Guardia Nacional está compuesta “en una proporción de solo tres civiles de cada 10 integrantes”, ya que en su mayoría, son miembros de la Sedena y de la Secretaría de Marina (Semar). 

Alertaron que “se está ordenando imponer el mando militar sobre los pocos civiles que quedaron de la Policía Federal, violando la Constitución y el Derecho Internacional”.

Por ello, anunciaron que buscarán reunir las firmas de compromiso de los legisladores, para rechazar cualquier reforma que acentúe la militarización de la seguridad pública.

También buscan que se defienda la reforma que “creó una Guardia Nacional civil en la Constitución y mandató el regreso del Ejército y la Marina a sus cuarteles antes del 26 de marzo de 2024”.

En un pronunciamiento, Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra llamaron a diputados y senadores a “demostrar su compromiso con las víctimas, la construcción de paz y el respeto al pacto civilista, que creó una Guardia Nacional civil en la Constitución y que el presidente de la República ha desnaturalizado, pintándola de verde olivo”.

Las organizaciones dieron a conocer “la boleta civil”, con los nombres de los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en la que los convocan a detener la militarización y alentar la formación de policías, en apego a la reforma constitucional publicada el 26 de marzo de 2019, y rechazar cualquier iniciativa “que ponga en duda el carácter civil de las instituciones de seguridad pública en México”.