Denuncian al Ayuntamiento de Cunduacán de cancelar “arbitrariamente” proyecto de luminarias aprobado en el Congreso
Integrantes de la empresa Kyto Energy Solutions S.A. de C.V. denunciaron que el Ayuntamiento de Cunduacán de forma arbitraria canceló el contrato del proyecto de inversión Asociación Público-Privada (APP), relacionado con la instalación de luminarias.
El representante legal de los empresarios, Roger de los Santos Ochoa, precisó que el proyecto fue autorizado por el Congreso Local el 30 de agosto de 2017 y publicado en el periódico oficial del estado por el entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez.
“Se celebró un contrato con fecha 18 de diciembre del 2017 en el ayuntamiento constitucional de Cunduacán, Tabasco que presidía el señor Tito Campos Piedra. Esta administración sale de funciones, entra una nueva administración presidida por la señora Nidia Naranjo Cobián, y no obstante que ya estaba celebrando este contrato, que tenía todo un dictamen ejecutivo para celebrarse, esta nueva administración dejó sin efecto el contrato celebrado para poner luminarias en el municipio de Cunduacán”, expuso.
“Consideramos que su conducta encuadra en el molde legal perfecto que tipifica y sanciona los artículos 268 269 del código penal en el Estado de Tabasco y que lo tipifica como el delito de prevaricación, esta prevaricación de la presidencia es porque su resolución es arbitraria”, externó.
Martín Asunción Torres, integrante de la empresa, sostuvo que fueron instaladas mil 100 luminarias en 11 comunidades y al momento el ayuntamiento no le ha dado ningún argumento de porqué no puede seguirse con la ejecución.
“El proyecto cumplía de principio a fin y cumple con todos los parámetros de la ley para que esto se llevara a cabo y ella dejó de darle el seguimiento a un mandato a través de un decreto .-¿A cuánto asciende el contrato? 166 millones, en la obra teníamos un avance de un 8 % físicamente .-¿Cuántas luminarias habían instalado?.- mil 100 luminarias”, expuso.
Señalaron que mantienen denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que el gobierno municipal reconozca el contrato o les paguen los gastos ocasionados a la empresa.
Asimismo, manifestaron que el contrato de prestación de servicio aprobado durante la administración pasada tenía como vigencia un plazo de 12 años.