Demandan colectivos y organizaciones civiles, garantías del derecho a la salud y retrovirales para pacientes con VIH
Organizaciones de la Sociedad Civil demandaron a los Gobiernos Estatal y Federal, garantías del derecho a la salud, reactivación de la promoción y prevención de la salud sexual y acceso a los retrovirales para pacientes que viven con VIH/SIDA.
En el marco de la conmemoración del 1 de Diciembre “Día Internacional de la Lucha contra el VIH y SIDA”, las Organizaciones de la Sociedad Civil de Tabasco y México, acusaron que las autoridades se han encargado de desmantelar el sistema de protección de la salud de las personas seropositivas.
Al respecto, José Cruz Guzmán Matías, presidente de Tabasqueños Unidos por la Diversidad y La Salud Sexual A.C. (TUDYSSEX), criticó que aunque ya pasaron dos años desde que el nuevo gobierno asumió el poder, todavía no se cuenta con un Programa de Acción Específica de VIH 2018-2024.
Agregó, que en Tabasco existe un padrón de 8,492 personas diagnosticadas con VIH, de los que 6,502 son hombres y 1,994 mujeres.
“Hacemos un llamado urgente a implementar y retomar las acciones de prevención que han sido suspendidas desde hace dos años. La promoción de estrategias preventivas como el uso del condón (interno y externo) más lubricante, PrEP y PEP deben ser accesibles y estar disponibles con un enfoque de equidad para la justicia social; como vía para alcanzar el acceso universal, el Estado debe proveerlas desde una perspectiva integral que involucre la detección y atención oportuna de otras infecciones de transmisión sexual, comorbilidades, así como de servicios de salud mental, de tal manera que se cumpla cabalmente el derecho a la salud y que no queden fuera quienes tradicionalmente han dejado atrás, en especial en un escenario golpeado por la pandemia del COVID-19”, precisó.
Finalmente, Guzmán Matías recomendó al gobierno federal, poner atención especialmente en las entidades del país, que se han caracterizado históricamente por su incapacidad de gestión política y operativa, y por la opacidad en el uso de los recursos públicos destinados para la respuesta del VIH.