Ciudadano logra amparo contra cobro ilegal e indebido de grúas particulares
La empresa le cobra 42 mil pesos para que le devuelvan el vehículo
Tras ser despojado de su vehículo por elementos de la Policía Estatal, bajo un falso reporte de robo, un ciudadano logró un amparo ante el cobro ilegal e indebido de 42 mil pesos, que una empresa de grúas particular le exigía para la entrega de su unidad.
El expresidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes, señaló que, la Jueza Cuarto de Distrito, Dora Crystal Olivares, declaró inconstitucional que la compañía condicione, sin fundamento legal, la devolución del vehículo al pago de un servicio que el ciudadano no contrató, pues violentaba su derecho a la propiedad.
“La policía del Estado tiene un grupo que se llama Recuperación de Vehículos o Recuperadora de Vehículos, en la absoluta ilegalidad porque ellos no deben hacer tareas de investigación, es una Policía Preventiva, esa unidad le dijo que su vehículo tenía reporte de robo y que debería entregárselo, el ciudadano se opuso, lo detuvieron, llamaron a una grúa y está documentado que la grúa que llegó es del Estado, sin embargo en su informe policial homologado, ellos dicen que fue una grúa particular, se ordena el aseguramiento y el ciudadano presenta los documentos que demuestran su legal propiedad y el Ministerio Público ordena la devolución, pero al presentarse ante las grúas, le dicen que tiene que pagar 42 mil pesos para que se lo puedan devolver. La Jueza Cuarto de Distrito, Dora Crystal Olivares Muñoz, amparó a un ciudadano al considerar que ese acto de molestia lo priva del derecho de propiedad”, explicó.
“En aquellos casos en que los agentes de la PEC infraccionan y detienen vehículos, los ciudadanos además del cobro fiscal respectivo también tiene que pagar el servicio de arrastre y estacionamiento a grúas particulares, conceptos que superan el costo de las infracciones; cuya falta de regulación legislativa propicia cobros indebidos o excesivos pero también sustenta que los afectados puedan solicitar y obtener la protección judicial federal ante la arbitrariedad de las autoridades locales”.
“Lo importante es que haya el ánimo de defensa, porque teníamos la impresión de que no podíamos hacer nada y no es cierto están en la absoluta ilegalidad, no hay ninguna disposición que faculte o autorice el cobro de un servicio que debe prestar el estado, también nos enteramos que por cada vehículo que entra al corralón o a los retenes privados, las instancias que ordenan reciben una cuota, todo a la mano”, advirtió.