Amparo obliga a Congreso Tabasqueño a emitir Ley de Responsabilidad Patrimonial: abogado
El Congreso del Estado está obligado a emitir una Ley de Responsabilidad Patrimonial con la que hasta hoy no cuenta, luego que el Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo a un abogado tabasqueño, ventiló el jurista Miguel Alberto Romero Pérez.
Indicó que aunque el amparo fue solicitado por una persona en particular, los efectos son para todos los que residen en el estado.
Explicó que una vez expedida la ley se podrá reclamar a cualquier ente público los daños que se ocasionen por su negligencia.
Romero Pérez señaló que entre noviembre y enero promovieron juicios para que se cree la Ley de Responsabilidad Patrimonial, luego que se generaron las inundaciones en la entidad.
Apuntó que una vez entre en vigor, los ciudadanos podrán pedir resarcimiento por daños que van desde los provocados por una alcantarilla rota e incluso la responsabilidad del estado por no prevenir un feminicidio.
Expuso que el Poder Legislativo puede inconformarse de la resolución, sin embargo, apuntó que lo más conveniente sería que acaten.
“Esta ley no la tenemos en Tabasco, existe otras entidades federativas, existe a nivel federal, pero por alguna circunstancia al legislador local ya se le olvidó generar la norma correspondiente y digo no es un problema de la actual legislatura, ha sido problema de todas las legislaturas que han pasado desde el momento que se estableció la obligación para hacerlo, entonces lo que queremos ahora, es que le den cumplimiento a la sentencia.
“Tiene todavía la oportunidad el Congreso del Estado de inconformarse, pero yo creo que más aquí más inconformarse lo conveniente sería que generarán la ley, es desde 2003 en ese periodo, desde inicios de este siglo está la obligación constitucional y no se ha dado”, apuntó.
El litigante puntualizó que la sentencia se cumplirá hasta que el Congreso local responda y realice la emisión de la ley.
Detalló que además aportará velocidad en la resolución de conflictos.
“Independientemente de lo que tenemos en la ley de justicia administrativa una ley con estas características daría mayores elementos, desde términos de indemnización, términos para poder promover, alcances que pudieran tener las sanciones, en fin, hay más elementos. Es una responsabilidad mucho más amplia que la que pudiera tener actualmente el Estado a través de la justicia administrativa.
“Por ejemplo a nivel federal todos estos asuntos se llevan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el promedio de los asuntos no va más allá de un año o año y medio”, dijo.