Acusa Soraya Pérez al Ayuntamiento de Cárdenas de ser un “cártel de la extorsión”
Señala que en este municipio aprobaron un reglamento que afecta a los ambulantes
El Ayuntamiento de Cárdenas se ha convertido en el cártel de la extorsión municipal, denunció la coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local, Soraya Pérez Munguía.
En un video grabado en la zona remodelada de Cárdenas y que compartió en sus redes sociales, señaló que la administración de la morenista María Esther Zapata, está cobrando “derecho de piso” a todo el comercio informal mediante la aprobación de un reglamento que ha sido denominado como “Ley Ambulantaje”.
Indicó que este tipo de cobros es “aberrante e ilegal”, ya que afecta los verdaderos generadores de empleos.
“Apenas hace unos días subimos a la tribuna, para exhortar al gobierno del estado y a los ayuntamientos con el fin de que dejen de extorsionar al comercio legalmente establecido, y a quienes son los verdaderos generadores de empleos. Esta situación se está agravando a un más, porque el Ayuntamiento de Cárdenas cuenta con la complicidad del Estado, si no, no hubieran publicado en el Periódico Oficial este acuerdo de Cabildo que da pie a una aberración jurídica, la Ley Ambulantaje”, mencionó.
Pérez Munguía, aseveró que la “Ley Ambulantaje” implementada en Cárdenas es preocupante, pues está orillando al comercio a elegir entre dos caminos: “bajar las cortinas de sus negocios o integrarse a la ilegalidad que representa el comercio informal”.
“Los cardenenses no votaron por hacer legal o ilegal, no votaron por decretar legal el desorden, tampoco por un mayor cobro de impuestos, los cardenenses votaron por una autoridad municipal que sea la primera en respetar la ley y no la primera en extorsionarlos.
“Hago un llamado a que se suspenda inmediatamente esta aberración de reglamento, porque es ilegal y es inconstitucional”, apuntó.
En días pasados, la priista informó que presentó ante la Secretaría de Hacienda y ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una denuncia por los cobros indebidos por licencias o certificaciones de factibilidad a los negocios por parte de los ayuntamientos.