Presenta México demanda formal contra fabricantes de armas en EE. UU.
Este miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó en nombre del gobierno federal una demanda en contra de los fabricantes y distribuidores de armas largas.
Acompañado del senador Ricardo Monreal y del diputado Ignacio Mier -en representación de sus respectivos órganos legislativos-, el canciller encabezó un acto en el que dio a conocer la postura de la administración federal respecto a la responsabilidad de la industria armamentista.
Teniendo como marco el Museo de Memoria y Tolerancia, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, habló sobre el litigio presentado ante la corte federal en Massachusetts, y sentenció que gran parte del problema de violencia en México es producto del tráfico de armas.
Por su parte Ebrard Casaubón, detalló sobre lo que expertos juristas calificaron como un acto inédito, al ser la primera demanda en su tipo presentada por un gobierno extranjero en la Unión Americana.
“¿Qué se busca con esta demanda, a dónde quiere llegar México? Primero, que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes, que desarrollen e implementen estándares para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores y por supuesto que tienen información precisa si alguien llega y compra 5 barret’s del .50 y si las compra tres veces también tienen la información”.
El titular de Relaciones Exteriores, de forma categórica, advirtió que la demanda presentada en Boston señala como responsables a fabricantes y vendedores de rifles de asalto y fusiles calibre .50, que son los que con mayor frecuencia son utilizados en delitos de alto impacto.
“Están desarrollando diferentes modelos para el narco, que las utiliza el narcotráfico, que están hechas para eso; que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para que podamos prevenir que esas armas sean utilizadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño a México, que ocasionan muertes en México”.