Juez federal gira orden de aprehensión en contra de Jesús Orta Martínez, extitular de la SSC de la CDMX
Un juez federal libró una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, y en contra de otras 18 personas más, tras ser señalados como los principales responsables de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La orden de aprehensión deriva de una investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), que mantenía una carpeta en la cual se denuncia que el exfuncionario y 18 personas más desviaron casi 2 mil 500 millones de pesos, además de compras irregulares de patrullas, aeronaves, tecnología y software de espionaje.
Entre los señalados por la autoridad se encuentran Frida Martínez, quien colaboró con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y fue secretaria general de la extinta Policía Federal.
Confirman investigación a exsecretario de Seguridad de la CDMX Jesús Orta
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los protocolos de confianza que se le aplican a los elementos de la policía se deben de revisar para evitar que existan actos de corrupción como el cometido por el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez.
Y es que el exfuncionario está siendo investigado por diversas irregularidades durante el tiempo que estuvo al frente de la dependencia, pero principalmente por la renta de mil 855 patrullas en julio de 2019.
“Hoy si se conoce que hay un funcionario público que ha cometido un acto que por lo menos esté bajo investigación pues de inmediato se le solicita, igual el contralor general normalmente no está haciendo comunicados permanentes pero desde que entramos a la administración, la contraloría general ha desarrollado una cantidad muy importante de revisiones y de sanciones a distintos funcionarios públicos, principalmente al anterior gobierno”, expuso.
La funcionaria manifestó que es necesario revisar los protocolos que se aplican a los elementos de seguridad pública para evitar que se sigan presentando actos de corrupción como el antes mencionado.