Propone PRI acotar al mínimo plazos para iniciar búsqueda de personas desaparecidas

 

La diputada del PRI, Katia Ornelas Gil, presentó una Iniciativa de Reforma a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en la que propone agilizar los tiempos de actuación de las autoridades para iniciar las diligencias de búsqueda de personas.

Durante sesión ordinaria, la parlamentaria local refirió que su propuesta implica que el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación, y de forma inmediata, se emprenda la búsqueda de la persona desaparecida, sin poner excusas burocráticas.

“Parece inconcebible que, como ciudadanos, busquemos en nuestras autoridades apoyo, certeza, eficacia, y en lugar de ello, nos encontremos con la tan dolorosa burocracia disfrazada de excusas, en donde las autoridades dicen, disculpen, pero ¡tenemos que esperar las horas indicadas en la Ley o el Protocolo!, ¿seguro que no está con sus amigos?, ¿ya buscó bien?, ¿seguro que se fue con la novia o el novio? ¿seguro tuvo algún problema con él o ella? ¿no se preocupe ya va a regresar, nada más se le pase el coraje?, total son jóvenes. Las leyes no imponen un plazo fijo, por lo que no debemos atenernos a temporalidad alguna, sino crear uno que haga válido y privilegie los derechos de la víctima u ofendido”, fustigó.

“Esta nueva reforma propone reducir los plazos para que la autoridad proceda a localizar a la persona desaparecida en un plazo brevísimo; se propone que el fiscal especializado del ministerio público antes de poner excusa alguna, ante la presunción de la desaparición de un menor o persona adulta. En el caso de menores iniciará una carpeta de investigación y de forma inmediata se emprenderá la búsqueda del menor. 

En el caso de adultos o adultos mayores, desaparecidos, se reduce el plazo de veinticuatro horas a una hora, procediendo el fiscal a su búsqueda o localización de la persona ausente de manera inmediata a la interposición de la querella”, precisó.

Finalmente, la iniciativa en cuestión fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y dictaminación.