Presenta Iglesia católica estrategia “Compromiso por la Paz”
Busca abordar de manera efectiva la profunda crisis de violencia y descomposición social que aqueja al país
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó este lunes “Compromiso por la Paz”, que incluye sus propuestas en materia de seguridad.
Se trata de un documento de 53 páginas, que incluye las “estrategias de política pública para la paz” y que es resultado del diálogo, durante casi años, entre más de 1600 instituciones y 20 mil personas en más de mil foros y conversatorios.
De acuerdo con la Iglesia Católica, con este se “busca abordar de manera efectiva la profunda crisis de violencia y descomposición social que aqueja a nuestra nación”.
El Episcopado sentencia que “nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada” y que “México enfrenta, desde hace casi 18 años, una de las crisis de violencia más graves de su historia contemporánea”.
Ante ello, refiere que es necesaria una reconstrucción del tejido social y sugiere promover “la desmilitarización paulatina de las funciones de seguridad (…), buscando que la Guardia Nacional se construya como un cuerpo civil (no militar) profesional, con capacidades y recursos adecuados a sus funciones”.
La Iglesia Católica también propone “un abordaje de la justicia que abarque diagnóstico y transparencia, justicia ordinaria, justicia ordinaria penal, justicia extraordinaria y construcción de paz”, fortalecer a los poderes judiciales locales y un trabajo coordinado entre autoridades para atender la búsqueda de personas desaparecidas.
Asimismo, pide desmantelar las redes criminales locales por medio de desmovilización, desarme y reinserción social de sus miembros. Sobre este último punto, expone que el sistema penitenciario demanda reformas de gran calado, al argumentar que devolver la dignidad a los presos es indispensable para alcanzar la paz en nuestro país.
El documento del CEM subraya que para la construcción de una gobernanza democrática que fomente la paz se requiere combate a la impunidad, garantía y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Finalmente, da a conocer a los integrantes de las comisiones de cada uno de los siete puntos, entre los que se encuentran representantes de diversas organizaciones civiles e incluso de instituciones y universidades públicas, como las comisiones de Derechos Humanos estatales y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).