Nydia Naranjo va a la Comisión Interamericana
Busca borrar su nombre del registro de personas sancionadas por violencia política
El pasado 21 de abril, la expresidenta municipal de Cunduacán, Nydia Naranjo Cobián, promovió un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para controvertir la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual confirmó que incurrió en violencia política en razón de género contra la ciudadana Patricia López Córdova, entonces delegada del ejido Felipe Galván.
En el documento, al que tuvo acceso Telereportaje, explica que promueve este acto porque, asegura, hubo violaciones a sus derechos humanos y lo que quiere es que se le permita el acceso a la tutela judicial efectiva y en consecuencia sea oída y vencida en un juicio, a través de un recurso rápido, fácil y sencillo.
Justifica que acude a este organismo, ubicado en Washington, porque dentro del andamiaje jurídico mexicano no existe medio de impugnación alguno, o en su caso, medio de defensa por el cual se pueda impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral federal, además de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación no le otorga la oportunidad de que comparezca ante una instancia superior.
“Manifiesto que toda mi vida he servido a la sociedad en la que vivo, nunca he violentado derechos humanos de nadie, soy una mujer de 73 años y hoy esta sentencia, en el último tramo de mi vida, me niega el derecho de seguir en lo que ha sido mi actividad por muchos años, al condenarme 6 años al no ejercicio de actividades sociales de carácter político”, expresa.
En el documente, la exdil califica como exagerado y desproporcional el resolutivo de la autoridad electoral, concluyendo que no hay igualdad en la ley, porque el legislador mexicano debió asegurar un sistema o medio de defensa que le diera oportunidad de salvaguardar su nombre y reputación.
Por último, Naranjo Cobián solicita a la Comisión resolver su recurso como un asunto de urgente resolución, que se le ordene la reparación del daño provocado, que se declare la nulidad de la resolución del Tribunal Electoral y que su nombre se borre del registro de personas violentadoras de derechos humanos.