Gobernadores de Morena, acusan que es inconstitucional suspender el “Plan B” electoral
Aseveraron que la medida del ministro Laynez también pretende impedir la aplicación de la austeridad republicana
Los 22 gobernadores de Morena acusaron que es inconstitucional suspender el denominado “Plan B” Electoral, luego del procedimiento concedido por el ministro Javier Laynez Potisek.
Los mandatarios estatales, emitieron un comunicado conjunto para externar su inconformidad ante la suspensión concedida contra el “Plan B” de la Reforma Electoral.
En el escrito que es firmada también por Mario Delgado Carrillo, presidente Nacional de Morena, advirtieron que, ante la ilegalidad, habrá unidad y principios.
Por lo que pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en el pleno se revierta, lo que denominaron “arbitraria decisión” del ministro Laynez Potisek, tal y como lo solicitó el Ejecutivo federal en un recurso de reclamación, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesario entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución.
Acusaron además que, al admitir la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE), el ministro violentó la Carta Magna, que establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral, y de acuerdo con la ley reglamentaria, tampoco hay lugar para suspender las normas generales.
Los gobernadores sostuvieron que “el Plan B” no pone en riesgo los procesos electorales o el funcionamiento del INE, sino que su propósito, afirmaron, “es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”.
Dejaron claro que resulta inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular.
Aseveraron que la medida del ministro Laynez también pretende impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral; y mantener en píe los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrados por privilegios injustificables.
El documento está firmado por las gobernadores y gobernadores de los estados de Tabasco, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.