Filtración de sentencia de la SCJN, grave irresponsabilidad: Gobierno Federal
Se dio a conocer un proyecto que propone anular la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas
El Gobierno Federal sentenció que la filtración de un proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán en el que, supuestamente, propone invalidar la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, parte del llamado Plan B de la reforma electoral, es una irresponsabilidad.
En un comunicado, condenó que el pasado lunes se dio a conocer en un portal digital de noticias, como “exclusiva”, el documento que presuntamente se presentará ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El gobierno mexicano recordó que los proyectos de sentencia de los ministros son información reservada, por lo que cuestionó “quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal”.
El Gobierno Federal sentenció que el actuar del máximo tribunal no constituye un acto de transparencia, “sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, por lo cual se viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”.
Añadió que la filtración de información reservada es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad; y que comete un delito en contra de la administración de justicia el servidor público que dé a conocer, a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en un proceso judicial y que por disposición de la ley esté reservado.
El gobierno mexicano resaltó que la Suprema Corte “no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación, lo cual contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno”, y trasciende de manera negativa al principio de imparcialidad previsto en el Artículo 17 constitucional.
Ante ello, esperó que la SCJN inicie, de oficio, la investigación interna para deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales.
Concluyó en que el máximo tribunal “está llamado a ser ejemplo de pulcritud en el desarrollo de los procedimientos judiciales”.
Ello, debido a que “juzga con rigidez los actos de otros poderes”, pero, al no existir instancia legal que revise su actuar lícito, corresponde al pueblo de México exigir a cada juez el apego irrestricto a nuestra Constitución y demás leyes que de ella emanan”.