Emite Fiscalía CDMX orden de aprehensión contra diputado Christian Von Roerich
Por su presunta participación en el caso conocido como “Cártel Inmobiliario”
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo una orden de aprehensión en contra de Christian Von Roerich, diputado local y exalcalde de Benito Juárez, por su presunta participación en el caso conocido como “Cártel Inmobiliario”.
El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, informó que agentes de la Policía de Investigación ya buscan al funcionario, a quien señalan de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, así como asociación delictuosa.
En ese sentido, la corporación solicitó la colaboración de la ciudadanía para que, en caso de contar con información que permita conocer la ubicación del legislador capitalino, la dé a conocer.
Precisó que la Fiscalía capitalina abrió una nueva línea de investigación, con “sólidos datos de prueba aportados por uno de los exfuncionarios ya procesados”, que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez. Esto se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación.
Cabe mencionar que, además de la orden de aprehensión contra Christian Von Roerich, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció la detención de tres exservidores públicos, quienes desempeñaron cargos durante su administración y que están presuntamente involucrados en el caso. Fueron ingresados al Reclusorio Norte.
Se trata de Ismael “N”, José Ramón “N” y Alejandro “N”, quienes desempeñaron diversos puestos en la alcaldía Benito Juárez, como contralor interno, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y subdirector de Servicios Generales.
Es importante recordar que “Cártel Inmobiliario” es como se ha bautizado a la presunta organización delictiva, integrada por exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, dedicada a realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria, a través de presuntas empresas fantasmas.
De acuerdo a las investigaciones, las empresas fantasmas sirvieron para simular el correcto uso de cerca de 207 millones de pesos de recursos públicos, que se asignaron a obras tras el sismo de 2017.