Operativos de aseguramientos en Tabasco, estarían viciados advierte Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados Tabasqueños, consideró que los operativos de aseguramientos de presuntos delincuentes que se están presentando en la entidad, estarían viciados por la violación de los protocolos por parte de las autoridades.

En conferencia de prensa, el presidente del Colegio, Pedro García Falcón, expuso que la obligación de las autoridades policiales es realizar investigación inicial y si un fiscal del ministerio público solicita una orden de aprehensión o cateo ante un juez, entonces, es cuando puede intervenir la policía en cumplimiento al mandato que están recibiendo.

“Lo que hemos estado viendo según han manifestado públicamente son enfrentamientos que se dan de forma esporádica y que no es que vayan siguiendo a alguien, sino que en el acto empieza el disparo y derivado de ello se introducen en un inmueble y resulta que rescatan incluso a secuestrados, la labor está bien por el servicio que hacen, sin embargo, en cuanto a la cadena de custodia, de las personas que están liberando y todo el procedimiento, a mi parecer está viciado…”, indicó.

Asimismo, trajo a colación el caso del campesino que murió durante el enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y corporaciones policiales y del ejército en San Marcos, Jalapa, a quien dijo, se está contabilizando como un presunto criminal más.

Por lo que apuntó que la familia del campesino tiene el derecho de demandar el homicidio, la reparación del daño y en segundo lugar la responsabilidad civil de la autoridad por señalar a un inocente como delincuente.

“Conforme a la foto que se publica, efectivamente el señor aparece en una parcela, y pues no se le ve ningún tipo de arma, ahí lo que tienen ellos es la posibilidad de demandar el daño a quien resulte responsable del disparo…los familiares ya pueden presentar su denuncia, ese es un daño que le está causando la autoridad, ya de por si lo privó de la vida, ahí hay un delito, y todavía siguen revictimizando a su familia con el hecho de llamar delincuente cuando no hay todavía ninguna resolución que así lo determine, lo que hay es un exceso de la fuerza del orden, hay inconstitucionalidad en muchas de las cosas que vienen realizando.