Rechaza Coparmex expropiaciones realizadas por el Gobierno federal

Menciona la reciente ocupación temporal hecha por Pemex a la refinería de Tula de Allende, Hidalgo

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex) manifestó su “profunda preocupación y rechazo a las acciones de expropiación realizadas por el Gobierno Federal.

En un comunicado, conminó al Poder Ejecutivo “a actuar con responsabilidad, a agotar los mecanismos de diálogo y negociación con empresas proveedoras, permisionarias, concesionarias o licitantes con las que tenga diferencias, antes de realizar actos unilaterales como la ocupación o expropiación de bienes”.

La Confederación consideró que “México no puede darse el lujo de ahuyentar inversiones ni de mostrarse ante el mundo como un país con un frágil Estado de Derecho”, al argumentar que “tenemos todo para que en este 2024 se establezcan las bases para ser el país que mejor aproveche el Nearshoring creando más y mejores empleos”. 

 

CRITICA MILITARIZACIÓN 

La Coparmex también señaló que el Gobierno federal “está desarrollando una estrategia de reestatización de ciertas actividades de la economía, cuya manifestación más preocupante es la apuesta por militarizar dichas tareas como ocurrió recientemente con la compra, gestión y distribución de medicamentos y la operación de una Línea Aérea”.

Sentenció que “México no tiene experiencias positivas con la estatización de actividades económicas, ya que han generado profundos costos económicos por ineficiencias y por malas gestiones de empresas públicas”.

De igual manera, dijo que estas “han generado un negativo impacto social afectando, en última instancia, a las familias al tener que pagar sobrecostos, recibir malos servicios o asumir el pago de deuda mediante impuestos”.

Por ello, la organización advirtió “un daño adicional: Desalentar gravemente la atracción de inversiones y desaprovechar la gran oportunidad que nos abre la relocalización de empresas y cadenas productivas o Nearshoring”. 

En ese sentido, insistió en que las acciones del Gobierno Federal, “lejos de representar un acto de soberanía, se convierten en un preocupante mensaje de arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica”.