Presenta Marko Cortés acción de inconstitucionalidad contra reforma judicial ante la SCJN
Argumentó que lo aprobado por Morena en el Congreso es más bien una reforma electoral
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma Judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el documento, argumentó que lo aprobado por Morena en el Congreso de la Unión y Congresos locales es más bien una reforma electoral, al establecer un ejercicio de elección popular de jueces y magistrados y al ser organizados por el INE y calificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además, consideró que se modifica el tiempo y la información necesaria para que la ciudadanía vote en pleno conocimiento, con lo que se genera una nueva necesidad de organización electoral, tanto en diseño de boletas como en la dinámica de preparación, seguimiento, investigación y sanción de la jornada por parte de la autoridad electoral.
Cortés advirtió que también se plantea el establecimiento de casillas especiales sin la participación de las representaciones de los partidos políticos en el escrutinio y cómputo de los votos, lo que genera la necesidad de establecer un mecanismo supervisor que garantice la certeza de las personas contendientes en la elección de personas juzgadores.
Ante ese contexto, el PAN impugnó las violaciones al proceso legislativo, como la falta de cumplimiento de suspensiones judiciales al proceso legislativo, vicios procesales como la falta de identificación de los participantes en la sesión y las votaciones en la Cámara de Diputados, la instalación de órganos en el Senado y el atípico e ilegal “fast track” en la aprobación de Congresos Estatales.
También rechazó la falta de deliberación efectiva que garantice la libre determinación de las comunidades indígenas y la omisión de actuar como parlamento abierto.
Finalmente, el blanquiazul impugnó la vulneración de la progresividad como derecho fundamental de la ciudadanía, en la necesidad de evitar comprometer la división de poderes, la independencia judicial, la imparcialidad y garantías del debido proceso legal, además de la eliminación de las suspensiones de amparos.