Preocupa a ONU-DH “vigilancia ilícita” contra defensores de derechos humanos y periodistas
Subrayó que es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este martes su “profunda preocupación por los actos de vigilancia ilícita” contra defensores de derechos humanos y periodistas, revelados tras el hackeo del grupo “Guacamaya” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un comunicado, la organización citó al representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, quien aseveró que “los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica”.
La ONU-DH indicó que las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo “son actores fundamentales para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho”.
Por ello, señaló, las autoridades están obligadas “a promover un ambiente de tolerancia hacia la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones, que fortalezca la vida democrática de la sociedad”.
En este contexto, subrayó que “es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares”, para que no se realicen fuera del marco normativo y de estricta salvaguarda de derechos humanos.
El organismo instó a las autoridades mexicanas “a cesar inmediatamente cualquier acto de injerencia arbitraria, en los términos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e implementar medidas de protección hacia las víctimas de estos actos y las personas y organizaciones de derechos humanos que los denunciaron”.
Además, pidieron llevar a cabo una investigación diligente e imparcial; así como presentar resultados consistentes y fiables sobre la investigación iniciada en el año 2017, respecto de actos de vigilancia ilícita similares a los ahora denunciados.
Finalmente, la Oficina reafirmó su compromiso para acompañar al Estado mexicano en el fortalecimiento de sus instituciones y en la implementación de las normas internacionales de derechos humanos.