Mayor eficiencia sin intermediarios
En México se tiene muy claro que lo que se está viviendo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un cambio de régimen y no de gobierno, la principal estrategia del Estado es terminar con el circulo de corrupción e impunidad. La administración pública se encuentra en un proceso de reestructuración, extinción y reorientación del gasto público (caso de fideicomisos) del gobierno federal, tema que por mucho se está debatiendo, en relación de su función y operación.
No nos espantemos, lo único que estaba en presupuesto de fideicomiso eran temas que muy pocos tomaban en cuenta, pero no menos importante para el país (cultura, deporte, cine, protección de víctimas, ciencia y tecnología), estas área eran manejadas de manera discrecional con dinero público por comités que la operaban, con cierta discrecionalidad.
Un fideicomiso parece ser un instrumento de transparencia, sin embargo, la realidad es que además de ser una forma extraordinariamente “ineficiente” de operar el gasto, se convirtió en un instrumento de opacidad, donde pequeños grupos que administraban las áreas, se apoderaban de la distribución y asignación de recursos; es decir, decidían discrecionalmente sin escrutinio del gobierno sobre el destino de los recursos públicos.
En el ejercicio fiscal 2019, solo el 0.47% de los recursos presupuestado se gastaron por medio del fideicomiso, en realidad es muy poco lo que se maneja; el 99.53% de los recursos del gobierno se ejercieron de la vía presupuestaria (directa). El gobierno que fue elegido democráticamente, una de sus potestades es proponer el uso de los recursos públicos, es por eso, que lo que conocemos como paquete económico lleva una ley de ingresos y un presupuesto de egresos que propone el Presidente, pero que finalmente es autorizado por el Congreso, y eso es democrático y trasparente, en otras palabras, el Ejecutivo propone y el Congreso dispone.
Sería un error decir, que la desaparición de los fideicomisos genera un impacto negativo en los beneficiarios finales. Estudiantes, científicos investigadores, deportistas, cineastas, artistas, campesinos, periodistas y víctimas de violaciones de derechos humanos seguirán recibiendo sus beneficios pero ahora de manera directa, sin la participación de un fiduciario (que encarece hasta un 30% la operación de entrega y dispersión de recursos), ahora se realizará directamente de la Tesorería de la Federación. Cambia el mecanismo, mas no se eliminaron los recursos; el dinero no se puede extinguir por ley, finalmente esa ley ya fue aprobada por el Congreso.