INSABI acusa que Cofepris aprobaba medicamentos por intereses económicos

El director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer, ventiló en Telereportaje que, en administraciones federales pasadas, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobaba medicamentos para utilizarse en México, a partir de intereses económicos, y no por descripción técnica.

En entrevista esta mañana, Ferrer Aguilar expuso que era la voluntad política de personajes públicos la que determinaba qué fármacos se autorizaban, al punto de meter más de 3 mil claves de medicamentos que no se iban a utilizar, y aun así se compraban:

Juan Antonio Ferrer reconoció que si bien, aún no tiene trazado el procedimiento total para que el medicamento llegue de manera efectiva hasta el paciente, y estimó que en un año o año y medio terminarán de pulir esta organización.

Y es que rechazó que el Gobierno Federal no entregue medicamentos, pero que el problema era el suministro a corto y mediano plazo, lo que ahora se podría descartar, pues afirmó que México tiene fármacos garantizados hasta junio de 2022.

“Nos decían que no había medicamentos, y era totalmente falso. Lo que no teníamos eran grandes periodos para cubrir. Teníamos uno o dos meses. Hoy tenemos asegurado hasta junio de 2022 y empezamos la compra hasta 2023 y 2024. Hoy trabajamos con los embajadores de México en el mundo consiguiendo medicamentos. Este país gastaba en medicamentos casi 100 mil millones de pesos, y ahora vanos a gastar no más de 50 mil millones de pesos. - ¿Y lo otro se lo llevaban a las bolsas las empresas y funcionarios de gobierno? – Sí, 50 mil”.

Por ello, el funcionario federal pidió denunciar a los médicos que pidan a los pacientes comprar medicamentos en farmacias, pues se deben dar en los Centros Médicos públicos.

Además, el titular del INSABI criticó la manera en que la oposición política se expresó durante las comparecencias de los funcionarios federales del sector Salud.

“La oposición no tiene más camino que hacer esos shows y montajes, porque es buscar la cuestión del escándalo, e íbamos preparados. Dicen que el Seguro Popular compraba medicamentos, pero no podía hacerlo, esas atribuciones nos las dio AMLO. El Seguro Popular daba el dinero a las instituciones, y ellos compraban a los laboratorios, y ahí estaba el negocio. Quieren que regrese eso mismo”.

Por otra parte, Juan Antonio Ferrer ventiló que México es el país que más vacunas contra el COVID-19 tiene aprobadas en el mundo, con 9 en total, pues se han basado, no sólo en los estudios de Cofepris, sino también en las determinaciones tomadas por autoridades de otras naciones como Estados Unidos.

“La FDA aprueba alguna vacuna, y México toma esa vacuna aprobada. Hoy tenemos nueve vacunas aprobadas, México es el país con más vacunas aprobadas, y pasan por Cofepris. Hay algunas que EU o la OMS no han aprobado, y que México ya tiene aprobadas”.

Finalmente, el tabasqueño dio a conocer que el nuevo Hospital del ISSSTE no abrirá sus puertas hasta que la empresa a la que pertenece, no componga los errores de construcción, particularmente la filtración de humedad que podría generar infecciones en los pacientes.

Y es que el director del INSABI señaló que la empresa que encabeza la Asociación Público-Privada, abusó en el precio de la renta hacia el Gobierno, que se determinó en el sexenio pasado, que asciende a un pago de más de 30 millones de pesos al mes para su utilización.

“Era un buen negocio, y no creas que era el único. Las APP son de un gran personaje que construye un hospital y los alquila al Gobierno Federal. El de Villahermosa debe ser una renta de 30 a 40 millones de pesos mensuales, pero eso viene de la administración pasada. – El Gobierno no tenía los recursos para construir estos hospitales, y entra este sistema de APP con hospitales listos para operar, y quien lo hizo tiene que recuperar su inversión. Se entiende – Sí, pero no en el nivel de cobros que hacen por los servicios que prestan. Se pasaron. Este hospital no lo vamos a abrir hasta que la empresa componga los errores que tiene la construcción”.