Facilitadores judiciales: la figura para ayudar a personas con discapacidad que queda en medio de incógnitas e incertidumbre

La justicia suele ser lenta y los procesos para denunciar un crimen o una falta son problemáticos, tanto en México como en el mundo. La situación empeora y se vuelve más complicada cuando la víctima es una persona con discapacidad: entre falta de accesibilidad y de igualdad, muchas veces no pueden acceder a un juicio justo y equitativo.

En España notaron esto y fue como nacieron los facilitadores judiciales, como llaman a los profesionales que apoyan durante el proceso y sirven como respaldo ante el juez y, aunque actualmente hay una ley en vigor que exige su auxilio cuando la situación así lo amerite, hasta ahora no hay una norma que delimite su rol ni las funciones que tendrán. Por eso, Madrid aprobó una regulación que cambia esto, pero su alcance solamente es local, reporta Cinco Días.

Para las personas con discapacidad, la discriminación y desigualdad ocurre a muchos niveles. Desde el físico, porque en algunos ayuntamientos es imposible entrar con silla de ruedas, o si las personas son ciegas, sufren el riesgo de accidentarse en su andar al no ser espacios accesibles. Quienes viven con discapacidad intelectual se enfrentan además a que nadie les explique con lenguaje apropiado qué está ocurriendo ni cuáles serán los siguientes pasos.

Ella, junto a Amparo Ribón, también abogada, explican que la falta de figuras de este tipo es fundamental como un “contrapeso que iguala las armas de las partes en el proceso”. Pone de ejemplo la desorientación que cualquiera puede sentir al llegar a un “edificio desconocido lleno de caras poco amigables, con personas ocupadas, concentradas o enfadadas que hacen preguntas en un lenguaje incomprensible, con formalismos severos que cortan la digestión”. Ahí es donde entran los facilitadores, como un puente entre ambos lados.

Pero la lucha aún es larga, ya que muchos aspectos fundamentales todavía no se aclaran y no hay para cuándo. “No se ha desarrollado la figura. La han enunciado y anunciado y nos han dicho que existe… Es evidente que las personas con discapacidad necesitan este apoyo, pero no nos han dicho nada más”, señala Sonia Calaza, catedrática de derecho procesal. “Yo comprendo que estas leyes se aprueban rápidamente porque hay fondos europeos comprometidos, así que salen y no reparan en los detalles, pero la letra pequeña es importante”.

La figura del facilitador judicial está aprobada por la ley, pero operan fuera de un marco normativo que les explique, por ejemplo, qué formación deben tener, cuáles son los principios que deben seguir en su intervención, cómo desarrollar y documentar su labor. La situación es tan crítica que no saben cómo se nombrarán ni quién les pagará por su trabajo.

Calaza menciona que es indispensable aprobar ahora una ley orgánica para resolver todas estas incógnitas a nivel nacional, y que además aclare otros puntos, como qué ocurriría si hay un cambio de domicilio durante los procesos. “Esto tiene que estar unificado. Bastantes obstáculos tienen como para añadir más”, zanja la abogada.

El objetivo final, concluyen todas, es ayudar a las personas con discapacidad en los juzgados y hacer que las autoridades entiendan esta necesidad. “Estamos empezando tarde”, finaliza Amparo Ribón.

Esta información fue publicada originalmente en http://yotambien.mx/ un portal sobre discapacidad inclusiva