En Foro Universitario advierten abogados riesgos graves en impartición de justicia con reforma al Poder Judicial

La elección de aproximadamente 7 mil jueces y magistrados federales y locales implica riesgos graves que podrían afectar la impartición de justicia en el país, advirtieron abogados y especialistas, durante el segundo día de las mesas de trabajo del Foro Universitario de la UJAT.

En el encuentro, denominado "Ven a conocer la Reforma Judicial", organizados por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la juez de distrito, Laura Paloma Montero Reyes, señaló que antes de aprobar la reforma se debe analizar si están dispuestos a asumir los riesgos que ello implica.

“Para elegir aproximadamente a 7 mil jueces y magistrados federales y locales la renovación de toda la Judicatura afectará gravemente la continuidad de los procesos judiciales activos, por lo que es muy probable que la falta de experiencia y competencias técnicas de las nuevas personas juzgadoras así como la necesidad de capacitarlas, implique un retraso en la solución de los casos, en los cuales actualmente son cerca de 1 millón y medio, solo a nivel federal.

“No podemos permitirnos experimentar cuando lo que está en juego es la libertad de las personas, su salud, sus propiedades, la elección de jueces y magistrados con requisitos básicos para su preselección, por uno de los tres poderes de la unión, a través de un filtro político no garantiza la profesionalización de los juzgadores, ni la independencia judicial, estaremos ante candidatos con perfiles político - partidistas que inhiban la postulación de perfiles técnicos”, advirtió.

Por su parte, la abogada Gloria Adriana Morales Molina, refirió que la elección de los integrantes del Poder Judicial por voto popular, no garantiza una mayor legitimidad, ni calidad en las decisiones judiciales, ni que lleguen los mejores preparados al cargo.

“La elección popular de personas juzgadoras no garantiza una mayor legitimidad, ni una mayor calidad en las decisiones judiciales, tampoco garantiza que las personas selectas cuenten, con los conocimientos y competencias necesarias para desempeñar su función.

“La elección popular afectará el acceso a la justicia y a la seguridad jurídica de las personas involucradas en los procesos judiciales, si bien las autoridades juzgadoras deben ser sensibles a todas las problemáticas sociales, su perfil de imparcialidad y objetividad que, es lo que realmente te garantiza la seguridad jurídica, debe estar lejos de las masas, precisamente para no sesgar su criterio”, consideró.

A su vez, el profesor investigador Emmanuel Hernández Ascencio, advirtió que la elección por voto popular puede abrir la puerta al financiamiento del crimen organizado para impulsar candidatos a jueces, magistrados y ministros, con el consecuente tráfico de influencias y corrupción. 

“También podría darse, aunque no del todo está claro, una forma de patrocinio o apoyo económico y que esto también podría influir en mecanismos de financiamientos y es aquí donde también podría incluir ciertos grupos delictivos que, no vamos a soslayar, no vamos a tapar nuestros ojos, cuando realmente hemos sabido que hay grupos delictivos que de por medio han patrocinado ciertas candidaturas.

“Podría dar cabe a que dichos defensores de estos grupos delictivos se pudieran postular, precisamente para ser funcionarios del Orden Público Federal y esto podría expandir aún más los delitos de corrupción y así mismo tráfico de influencias, en relación a estos tipos de conductas delictivas también se podría dar que no haya resoluciones efectivas”, subrayó.

Cabe señalar que, para este viernes 2 de agosto, se llevarán a cabo las mesas de trabajo denominadas: ‘Cuáles serán las reglas procesales’; la justicia local y el Poder Judicial del Estado’.