Emite Jufed declaratoria formal de suspensión de actividades en el PJF
Sólo atenderán “casos urgentes y de inmediata atención”
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) emitió este martes la declaratoria formal de suspensión de actividades, en protesta a la reforma judicial.
Tras las votaciones en las que se determinó ir a paro laboral, informó que la medida iniciaría en el primer minuto del este miércoles 21 de agosto y continuará hasta en tanto no se atiendan las peticiones.
La suspensión de actividades aplicará en plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de circuito auxiliares y tribunales colegiados de apelación.
Asimismo, juzgados de distrito, juzgados de distrito auxiliares, tribunales laborales federales, centros de justicia penal federal y el Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
El personal adscrito a tribunales y juzgados “dejará de dar trámite a todos los asuntos de carácter jurisdiccional”, no realizará ni ordenará “audiencias, diligencias ni actos procesales con partes, terceros ni autoridades”, y no proveerá “respecto de demanda, promoción, oficio ni escrito alguno”.
No obstante, los jueces y magistrados atenderán “casos urgentes y de inmediata atención”, como aquellos que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, extradiciones, vinculaciones a proceso y otros. Para ello, privilegiarán el uso del teletrabajo.
La Jufed atajó que la medida se deriva de “la falta de voluntad por parte de la actual legislatura de atender el análisis crítico de la sociedad” y de los integrantes de la judicatura sobre la “reforma judicial”.
Esto se argumenta al considerar que la iniciativa “es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, como la división de poderes, la tutela judicial efectiva de la ciudadanía y, especialmente, la independencia judicial”.
En ese sentido, explicó que la suspensión de actividades constituye el medio para exigir al Congreso de la Unión que detenga “el actual proceso de reforma, debido a sus numerosas imperfecciones, y reoriente la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada que aborde las causas estructurales que han estado debilitando de manera sostenida la calidad de la justicia”.