CJF actúa como barrera que protege a jueces y magistrados que violan la Ley: Monreal

A pesar de las facultades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para aplicar medidas disciplinarias a los integrantes del Poder Judicial, este se ha convertido en una barrera que protege a jueces y magistrados de las sanciones cuando actúan de manera indebida, aseveró el senador Ricardo Monreal.

Lo anterior, en el marco del Quinto Foro de Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, realizado en Xalapa, Veracruz, en el que dijo ver vicios de origen e incompatibilidad de funciones en las tareas administrativas y jurisdiccionales del presidente de la CJF.

“El Consejo de la Judicatura se encarga de la administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial Federal y sus facultades tienen que ver con la designación, adscripción y promoción de magistrados y jueces, si bien posee facultades disciplinarias y sancionadoras, en pocas ocasiones ha investigado o sancionado al personal judicial que incumple con sus deberes e incurre en conductas indebidas”.

“Así mismo tiene un vicio de origen que es presidida por el titular del Poder Judicial, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir se concentran la función jurisdiccional y la función administrativa cuyas naturaleza son, desde mi punto de vista incompatibles”, expresó.

El parlamentario federal, dijo ver una evidente falta de rigor en las sanciones contra infractores al interior del Poder Judicial, donde un gran porcentaje termina sólo en amonestaciones, que al final inhiben las denuncias.

“Nadie es ajeno a que el Consejo enfrenta serios problemas en la gestión de denuncias presentadas por los trabajadores del Poder Judicial contra sus superiores jerárquicos, el Consejo ha recibido denuncias por faltas administrativas, acoso y abuso que, casi siempre concluyen con responsabilidades administrativas, no graves”.

“Se ha sancionado a 106 servidores públicos, pero si ya de por sí esta cifra es baja, se ve empañada con el hecho de que el 0.6% corresponde a sanciones económicas y el 99.4% a sanciones administrativas, más del 30% fueron solo amonestaciones, hay falta de rigor e ineficiencia, el Consejo actúa solamente como una barrera que protege a los infractores, con ello desincentiva la denuncia de conductas irregulares”, advirtió.

Ante ello dijo, el pueblo mexicano exige una administración de justicia más eficiente y un sistema de justicia pronta y expedita gratuita, como reza la constitución.