Aprueban por segunda ocasión la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos
Con 287 votos a favor, 57 en contra y 40 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.
Tras una hora y media de discusión, en un primer momento, el dictamen fue avalado en lo general, con 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones y posteriormente se abrió a discusión en lo particular por casi dos horas más.
Y finalmente, el dictamen que establece que “ningún servidor público recibirá remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República”, fue avalada por la mayoría, según informó la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho.
“A favor 287 votos, 40 votos en abstención y 57 votos en contra, -aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018 y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales”, indicó.
Es de mencionar que en esta nueva ley se establece que el salario presidencial se obtendrá de multiplicar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de referencia por los 10 grupos jerárquicos definidos por el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal y el resultado deberá ser dividido entre el monto del salario mínimo general vigente anualizado.
Además contempla el principio de proporcionalidad, es decir que a mayor responsabilidad corresponde una mayor remuneración, pero no de forma discrecional, sino con base en los tabuladores presupuestales y en los manuales de percepción que se deberán de ajustar a los límites y reglas constitucionales.
Por lo que en su oportunidad, la diputada de Acción Nacional, Laura Angélica Rojas Hernández, criticó que usar como parámetro el PIB que varía cada año, para establecer el salario de los funcionarios públicos, dejaría en una situación de vulnerabilidad a los servidores públicos respecto a sus ingresos.
Y coincidió con la bancada priista y perredista, que sin importar las formas, lo que se pretende es adecuar la ley a los criterios que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Esta es la tercera vez que en esta legislatura abordamos el tema de las remuneraciones de los Servidores Públicos, porque esta cámara no ha sido capaz de resolver el asunto de forma adecuada, la reserva que se ha circulado extraoficialmente y que se pretende aprobar, si bien atiende varios aspectos de la sentencia de la corte que nos ha obligado a abordar nuevamente este asunto, deja de lado otro, sin los cuales la Ley seguirá incompleta… y seguramente seguirá sujeta a impugnaciones”, expuso.
En tanto, que los legisladores priistas Enrique Ochoa y Eduardo Zarzoza, advirtieron que los elementos señalados por el Poder Judicial como inconstitucionales se incluyeron nuevamente en el articulado, por lo que vaticinaron que será nuevamente suspendida por la Suprema Corte.
En el mismo sentido se pronunció desde la tribuna el diputado perredista Antonio Ortega, quien calificó de vergonzoso que Morena presente nuevamente un proyecto que no atiende el requerimiento de la Suprema Corte y que va a significar, “por quinta, sexta o séptima ocasión, el rechazo a un capricho del presidente que está lesionando derechos de servidores públicos y de instituciones”.