Casi tres de cada diez personas con discapacidad en Europa viven dificultades económicas

Más de uno de cada cuatro adultos en la Unión Europea (UE) vive con algún tipo de discapacidad, lo que les coloca en una situación de desventaja económica en comparación con el resto de la población. De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, alrededor del 25,5% de los ciudadanos de la UE mayores de 16 años con discapacidad experimentarán dificultades para llegar a fin de mes en 2024. En cambio, solo el 16,2% de las personas sin discapacidad enfrentan este mismo reto.

Desigualdades económicas en la UE

De acuerdo con el sitio Euronews, los datos muestran una variación considerable entre los países de la UE en cuanto a las dificultades económicas que enfrentan las personas con discapacidad. Grecia y Bulgaria registraron los porcentajes más altos de hogares con personas con discapacidad en situaciones de dificultad financiera. En contraste, Luxemburgo, Finlandia, los Países Bajos y Suecia tuvieron los porcentajes más bajos, con Luxemburgo a la cabeza con un 10,5%.

Dificultades más allá de los gastos diarios

Las barreras económicas que enfrentan las personas con discapacidad no se limitan a los gastos diarios. Aproximadamente el 40% de los ciudadanos de la UE con discapacidad no pueden permitirse tomar una semana de vacaciones al año, comparado con solo el 24,2% de las personas sin discapacidad. Esta desigualdad es particularmente marcada en los países del este de la UE, como Rumanía (73,5%), Bulgaria (70%) y Hungría (64,7%).

En respuesta a estas desigualdades, la UE ha reforzado recientemente su compromiso con la movilidad transfronteriza de las personas con discapacidad mediante la adopción de la tarjeta de discapacidad de la UE. Esta tarjeta proporcionará acceso a beneficios como tarifas reducidas, uso garantizado de plazas de aparcamiento y acceso prioritario a servicios públicos y privados en todo el continente.

Aunque se ha elogiado esta medida como un paso positivo, su implementación ha generado críticas debido a su prolongado calendario. Los Estados miembros tendrán hasta 30 meses para adaptarse y 12 meses adicionales para aplicar las nuevas normativas, lo que significa que la tarjeta no entrará en pleno funcionamiento hasta dentro de casi tres años y medio.

Este largo plazo para la implementación deja en evidencia que, si bien la UE avanza hacia la igualdad de derechos para las personas con discapacidad, la solución a sus problemas económicos y sociales aún está lejos de ser una realidad inmediata.

Esta información fue publicada originalmente en http://yotambien.mx/un portal sobre discapacidad inclusiva