Actual administración estatal está ‘echada en la hamaca’ señala MAD; considera que tendrá un cierre caótico

El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Manuel Andrade, indicó que la actual administración estatal ya está “echada en la hamaca”, por lo que dijo ver que tendrá el cierre más caótico de gobierno que él haya visto.

Apuntó que hay un estado de ingobernabilidad, y reflejo de ello, han sido los sucesos en los que la ciudadanía ha hecho justicia por su propia mano, además de la crisis que hay en todos los sectores.

“La verdad es que estamos en Tabasco, viviendo uno de los finales de sexenio de gobierno, más caótico que yo recuerde de mi tiempo de experiencia política. Estamos ante la crisis inminente de todos los sectores. Estamos ante la ingobernabilidad casi declarada y manifiesta de un gobierno que ya se echó a la hamaca”, sostuvo.

Aunado a ello, ayer en la Sesión de la Comisión Permanente, hizo un llamado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para que de oficio inicie una investigación a la casa-hogar del DIF.

Lo anterior, tras señalar que hay denuncias de presunta violación en los procesos de adopción de menores, en los que según él, son entregados a personas que no cuentan con los perfiles idóneos, además de que se rumora que la casa-hogar será cerrada, porque dicho inmueble va a ser ocupado por el programa VIDHA.

“Quiero hacer un llamado al presidente de la CEDH, para los efectos que de no existir inconveniente, en uso de sus atribuciones de oficio inicie una investigación ante la presunta violación de los derechos humanos de los niños que se encuentran en la casa-hogar y derivado de la misma practique, una visita de inspección para constatar si la casa-hogar del DIF está funcionando, las condiciones en que se encuentra, el número de menores que actualmente se encuentran allí, los procedimientos que siguen para entregarlos o integrarlos a una red familiar ya sea extensa o ampliada con familia de acogida o pre-adoptiva”, pidió.

Derivado de lo anterior, solicitó que se emitan las medidas cautelares necesarias, para evitar que los menores sean entregados a personas o familias que no cumplen los requisitos para adoptar, porque podrían correr el riesgo de ser víctimas de trata de personas, de maltrato o de abuso sexual.