Sin fecha en Congreso para bajar al pleno, iniciativa nuñista para penalizar pirataje

Aún no hay fecha para que baje al pleno la iniciativa del gobernador del estado para penalizar el pirataje en Tabasco, informó el Presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega Asmitia.

El legislador apuntó que ahora lo que procede es el análisis de la misma en la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y generar los consensos entre las fracciones parlamentarias para su posible aprobación.

“Ya fue turnada a comisión y pues ya está para discutirse, no sabemos cuándo va a bajar al pleno porque todavía no se ha reunido la comisión para discutirlo. Ya se turnó la iniciativa, lo que vamos a hacer ahora es ir estableciendo los consensos para ver la pertinencia de aprobarla o no. Es un tema que también tenemos que discutirlo, puede haber diputados que no estén de acuerdo”, dijo.

Sobre la posición en contra de la iniciativa del integrante de la bancada del PRD, Juan Manuel Fócil, el presidente de la Jucopo insistió en buscar el acuerdo de la mayoría.

Y es que el ex secretario de Comunicaciones y Transportes y ahora legislador local, consideró que se debe mandar un mensaje claro para evitar que continúe surgiendo el pirataje en las diversas modalidades del transporte público.

“Si no ponemos un mensaje claro, de que se va a actuar con todo el rigor de la ley, entonces vamos a seguir teniendo leyes un poco más flexibles que permitan este tipo de prácticas y que a través de amparos y recovecos, le dan la vuelta y cada año surgen nuevos piratas en todas las modalidades del transporte público. Entonces a mí me parece que es un tema que debemos de discutir, no se debe de aprobar así nada más, hay que discutirla y si el consenso de los diputados y diputadas va en sentido de poder aprobarla pues entonces se aprobará la iniciativa”, explicó.

Comentó que como toda ley es susceptible de ser controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo expuso que por ello, tanto la parte jurídica del Ejecutivo estatal como del Congreso del estado, deben tener un estudio en el que se distinga que no se viola la Constitución, para que no pueda estar sujeta a un juicio de inconstitucionalidad.